Esta semana tenemos que abundar una vez más en el tema de la semana anterior, porque el presunto portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Onda, Salvador Aguilella, ha dado una vuelta más de tuerca a la demostración de que el PP local practica la política partidista como nadie. No se le ha ocurrido otra cosa que salir junto a las portavoces de su grupo en los ayuntamientos de Benicàssim y de l’Alcora para decir que en estos municipios ha dejado de prestarse el servicio de atención a las personas dependientes y que “se ha despedido” a las trabajadoras sociales que se encargan de iniciar los expedientes.
Miente una vez más Salvador Aguilella, porque no se las ha despedido, sino que finalizaron sus contratos el 31 de diciembre, por desidia de la Generalitat, gobernada por el PP y encargada en la Comunitat Valenciana de aplicar la Ley de la Dependencia, al no convocar las nuevas ayudas hasta el 23 de diciembre. Miente también cuando dice que el 23 de diciembre se publicaba en el DOCV que el Ayuntamiento de Onda le correspondían 77.356,38 euros, ya que lo que realmente decía es que era susceptible de recibir esa subvención si solicitaba las ayudas, como dijo en el Pleno el teniente de alcalde de bienestar social, el socialista Vicente Gil, posibilidad que se abría hasta el 19 de enero y nunca antes la Generalitat autorizaba la contratación de dos trabajadoras sociales y una a media jornada.
Pero, más grave todavía, Salvador Aguilella miente cuando dice que el alcalde socialista de Onda, Enrique Navarro, hubiera rechazado restablecer el servicio de forma inmediata. Porque la semana pasada, las trabajadoras ya volvían a ser contratada y no porque lo propusiera el PP en el Pleno del lunes, como maliciosamente dice Aguilella, sino porque desde la Generalitat, el 22 de enero, confirmaron verbalmente que se concedía la subvención y que se podía proceder a la contratación, algo que ya se inició antes del Pleno y así lo hizo saber Vicente Gil en el mismo. Pero los concejales populares erre que erre, a la suya y a practicar política partidista y no a defender los intereses de Onda.
Habrá que recordarle al concejal Salvador Aguilella y al resto de miembros del Grupo Municipal Popular que, además, la contratación de las trabajadoras sociales se tramita a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por ser un servicio comarcal. También que el Ayuntamiento adelantó en 2009 el pago de los salarios de esas dos personas que prestan un servicio comarcal, que debería atender la Generalitat, que además adeuda todavía al Ayuntamiento de Onda el 30% de lo que se debía pagar en 2009.
Como decíamos en una artículo anterior, el colmo de la demagogia es intentar culpabilizar al Ayuntamiento de Onda del incumplimiento de la Ley de la Dependencia. Cuando todos los medios de comunicación de España, de todas las tendencias, señalan a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades autónomas con el cumplimento más bajo de esta ley, promovida por el gobierno socialista, pero aprobada por unanimidad, resulta que los concejales populares quieren hacer responsable de su incumplimiento a la propia Corporación Municipal a la que pertenecen. Al Ayuntamiento y al Gobierno de España del socialista José Luis Rodríguez Zapatero
Todo, única y exclusivamente, por defender lo indefendible, la actuación de su partido al frente de la Generalitat, que está obstaculizando la concesión de las ayudas, sólo por política partidista. Nada les importa que miles de valencianos y valencianas que tienen derecho a esta prestación estén discriminados.
En ningún caso es culpa del Gobierno de España ni, mucho menos, del Ayuntamiento de Onda. Pero ya se sabe: los concejales populares, una vez más, defienden antes a su partido que a su pueblo.
Ejecutiva Local PSPV-PSOE de Onda
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